Por Dr. Gonzalo A. Dotti Espinosa.
Desde hace varios años han venido aumentando empresas financieras que ofrecen préstamos con facilidades de acceso, tarjetas de crédito y otro tipo de modalidades tendientes a incentivar el consumo a través del financiamiento, generando un endeudamiento a futuro. Según el Banco Central del Uruguay hay alrededor de un millón de personas inscriptas en el Clearing, de las cuales más de 600 mil figuran como deudores incobrables.
Una causa de este problema es la sobre oferta crediticia que hace que los individuos accedan en forma casi irreflexiva al crédito. La gran mayoría de uruguayos que solo cuentan con su salario, y no logran llegar a fin de mes se encuentran acorralados y comienzan a acceder a este tipo de créditos, y luego ante el incumplimiento en el pago de sus obligaciones crediticias, recurre nuevamente a este método generándose una bola de nieve que no termina más. Las consecuencias de esa problemática tienen alto impacto en la sociedad, ya que afecta y restringe los derechos fundamentales de los individuos, como es la posibilidad de llevar adelante una vida digna. Tampoco podemos dejar de mencionar que esta situación se puede originar por diversas causas como el desempleo o graves situaciones familiares o contextos que no le deja otra salida a la persona y termina recurriendo al crédito.
Los proyectos de ley que están en estudio en el Parlamento, plantean una solución de reestructuración de deuda y que las personas puedan cumplir con sus obligaciones dentro de las posibilidades económicas que estos posean, y de esta manera salir de esa situación de ahogo por una parte, y por otra parte los acreedores recuperen el dinero prestado.
Para evitar que estas situaciones se reproduzcan, sería interesante que las financieras comuniquen al cliente – más allá de lo que esté escrito en el Contrato – las consecuencias a mediano y largo plazo en caso de incumplimientos totales o parciales del pago de sus obligaciones para que éste esté informado y así evitar situaciones extremas a la hora de exigir el pago del crédito. Esta sería una manera de que la población este informada y cambien su conducta financiera, ya que el deudor insolvente desinformado es a menudo también víctima de políticas financieras que no contemplan el bienestar de la población.
En definitiva, sería una buena salida para todos los uruguayos para volver a operar en el sistema financiero, pero si no logramos cambiar la conducta del consumo y el funcionamiento del crédito, seremos nuevamente clientes-rehenes del financiamiento y no habremos hecho otra cosa que lograr que las financieras cobren y tengan un millón de clientes nuevos, y así sucesivamente. Al final, ¿a quién ayudamos?
