Por Diputada Sylvia Ibarguren Gauthier
En el año 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas resuelve declarar el 15 de Octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, las mujeres rurales representan una cuarta parte de la población mundial. Según las declaraciones de la ONU y la FAO: “Conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres no solo es lo correcto, sino que es un ingrediente fundamental en la lucha contra la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición. Sin embargo, se enfrentan a una discriminación significativa en lo que respecta a la propiedad de la tierra y el ganado, la igualdad de remuneración, la participación en la toma de decisiones de entidades como las cooperativas agrarias, y el acceso a recursos, crédito y mercado para que sus explotaciones y granjas prosperen.”
El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur en 2020 destacaba: “Al respecto, la ONU Mujeres destaca que las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento. Incluso, las Naciones Unidas han señalado que mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas.”
Uruguay obviamente no escapa a esa realidad, la desigualdad en relación al género es mucho más marcada en el medio rural, si bien las inequidades han mejorado en estas últimas dos décadas, las cifras siguen siendo muy preocupantes. En nuestro país la población rural dispersa representa un 5,3 % de la población total y si se suma la población nucleada en poblaciones de hasta 2000 habitantes llega a un 12 %, que para algunos autores consultados, esas poblaciones se incluyen dentro de la población rural total (Vitelli y Borrás). Ese 12 % se compone de un 5,5 % de mujeres (169.000) y un 6,5 % de hombres (191.000).
En relación al participación de las mujeres rurales en el mercado de trabajo, cuando se analizan los datos de la Población Económicamente Activa (PEA) agropecuaria se observa que el 77 % corresponde a los hombres y el 23 % a las mujeres, a su vez los ingresos promedio de las mujeres en la población rural, son un 52 % de los ingresos promedio de los hombres. El trabajo de las mujeres rurales tiene un mayor peso en los definidos en la categoría de “trabajadores familiares sin remuneración”, donde el trabajo reproductivo, de cuidados y el aporte sustantivo en la actividad agropecuaria quedan invisibilizados. Las mujeres rurales tienen mayores dificultades para conseguir empleo y perciben menores ingresos, lo que hace que históricamente se produce la emigración de las mujeres, sobre todo las jóvenes, hacia las áreas urbanas.
En relación al acceso a la tierra según el Censo Agropecuario (2011) las mujeres son el 23,7 % de los productores registrados y sus establecimientos representan el 21,1 % de la superficie explotada. En el año 2014 el Instituto Nacional de Colonización (INC) mediante Resolución define implementar la titularidad conjunta a los nuevos arrendamientos, esta Resolución se convierte en Ley 19.781 de agosto del 2019. La implementación de esta resolución y posteriormente Ley cambian sustancialmente la la titularidad que hasta el 2014 eran 86 % varones y 14 % mujeres y a partir del 2015 pasa a ser un 56 % varones y un 44 % mujeres las personas adjudicatarias.
La brecha de género que existe en la sociedad se agudiza en la ruralidad, el aislamiento, la falta de medios, de infraestructuras, hacen que las tareas de reproducción y cuidado sean mucho más complejas y la invisibilidad de su trabajo es mayor. Durante los gobiernos del Frente Amplio se desarrollaron importantes políticas públicas para el desarrollo rural en general y en particular en la Producción Familiar, se generaron cambios en la institucionalidad para abordar los temas de género en la ruralidad como por ejemplo la creación de la Comisión Especializada de Género del MGAP y el Consejo Nacional de Género donde participan el MGAP y el INC. También desde MIDES han desarrollado programas específicos para el desarrollo de las mujeres rurales.
Toda esta realidad de las mujeres en el medio rural ha generado fuertes procesos asociativos muy beneficiosos que no solo le han dado visibilidad, sino también desarrollo y crecimiento. A principio de los años 90 surgen dos fuertes asociaciones de mujeres rurales: AMRU Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay y REDMU Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay, asociaciones con cerca de 30 años de historia con múltiples logros, historias de esfuerzos y perseverancia. Trabajan de forma articulada la producción rural, la promoción de derechos y el cuidado ambiental con base en la Economía Social y Solidaria.
Sin duda el papel que juegan las mujeres rurales es de una preponderancia enorme, a nivel internacional se ha reconocido su rol fundamental en el desarrollo, la seguridad y soberanía alimentaria y la erradicación de la pobreza. En Uruguay las mujeres rurales han logrado cambios importantes, el Estado ha implementado políticas específicas para disminuir las inequidades de género, pero aún queda una importante brecha que hay que seguir trabajando. Me quedo con una frase extraída de un artículo (Weisz, Tommasino y González – 2021) haciendo referencia a la REDMU:
“práctica entre mujeres como una política afectiva capaz de generar transformaciones de sí misma y de sus comunidades”.
