Por Fernando Doti.
Días atrás se publicó una nota en el matutino “El observador” de la capital, en la cual se da cuenta que cinco mujeres por fuera de la política, se juntaron para redactar un proyecto de ley que incluya talles para todos los cuerpos en las tiendas uruguayas. En la nota una de las promotoras afirma que “la gente empezó a decirme lo que se sentía con los talles y hablaban sobre la discriminación de los locales”. Más adelante, una de estas cinco personas, refiere al “derecho a la vestimenta”, agregando que “nos pareció que esta era la oportunidad de incluir el derecho a la vestimenta como el derecho a elegir qué ponerse y que esté regulado en nuestro país”.
Es llamativo cómo, ante cada situación que se nos plantea en el diario vivir recurrimos instantáneamente, casi que como un acto reflejo, a soluciones estatistas, persistiendo en la idea de que los aparatos estatales hacen aparecer recursos y soluciones de la galera.
En el caso objeto de análisis, la inquietud de las promotoras demuestra una necesidad insatisfecha en el mercado. Si es así, la solución está al alcance de sus manos: poner una tienda que venda solo talles grandes. Si la necesidad es tal ¡el éxito está asegurado! Pero no, la primera reacción es recurrir a los aparatos estatales para que, coactivamente, impongan a los vendedores de ropa de todo el país la obligatoriedad de vender talles que puede, no interesarles. Una regulación más, total, ¿qué le hace una mancha más al tigre no? Cualquier vendedor de ropa, que emprende su propio negocio tiene todo el derecho del mundo a vender y no vender, lo que le plazca. En la medida que acierte en las preferencias del público, obtendrá ganancias, de lo contrario, estará condenado a cerrar sus puertas. No debe perderse de vista que cualquier comerciante, primeramente es un servidor público, esto es, en la medida que satisface necesidades ajenas, está asegurando su éxito. Como expresara entonces, en lugar de pedir regulaciones y (ojalá no sea este el caso) prebendas, lo que hay que hacer es ponerse a satisfacer esa necesidad que han detectado y no reclamar a papá Estado la solución a todos nuestros problemas. Si como afirman, la demanda es tal, entonces bastará con abrir un local a efectos de satisfacer esa necesidad. Y si el local fracasa, seguramente la necesidad no era la que se afirmaba. Con el criterio de las redactoras de este proyecto de ley, los petisos también tendrán derecho entonces, a que se sancione una ley que obligue a los comerciantes de ropa a hacerles el ruedo de los pantalones, so pena de ser multados. Un dislate mayúsculo.
No existe tal cosa como el derecho a la vestimenta. Incluso aunque tuviera previsión legal, como pretenden. El hecho de que los derechos estén consagrados en una carta constitucional o un texto legal, no significa que en su naturaleza, sean otra cosa. Lo que importa es analizar y desentrañar los conceptos. De lo contrario, caeríamos en el disparate del proyecto de reforma constitucional ecuatoriana del ex presidente Correa, que preveía consagrar el derecho al orgasmo femenino. ¿Se imaginan a un tribual de justicia condenando a algún ser humano o al Estado, a que cumpla con asegurar el estricto cumplimiento y efectividad de ese derecho? Pero además, con ese criterio, deberíamos poner impuestos a absolutamente todo, para que el Estado nos ponga el plato de alimentos en nuestra mesa, cada vez que tengamos hambre, o nos solucione a todos los habitantes, nuestra necesidad de vivienda, porque en la Constitución dice que es un derecho. Lo mismo con el trabajo, que el Estado nos asegure uno. Todo con cargo a rentas generales. Pero lo cierto es que, antes deben generarse los recursos. Por ejemplo, si bien la Constitución reconoce el derecho a la educación, para poder instrumentar la misma, es necesario generar recursos para adquirir escuelas, pagar el sueldo y los aportes previsionales a los docentes, pintarlas, pagar los insumos de energía eléctrica, internet, teléfono, sanitaria, limpieza, etc. Lo que en realidad reconoce la Constitución, es un derecho a la acción. Dice Ayn RAND: “… no es el derecho a un objeto sino a la acción y a las consecuencias para producir o ganar ese objeto. No es una garantía de que un hombre obtendrá una propiedad sino únicamente una garantía de que será suya si la gana. Es el derecho a ganar, conservar, usar y disponer de los valores materiales”.[1] Los empleos, los alimentos, los medicamentos, la vivienda, la vestimenta, etc., no florecen de la tierra mágicamente. Hay que producirlos. La pregunta que se impone es ¿a costa de quién? Si la respuesta es a costa de la sociedad, ya se advierte un error, dado que no existe tal cosa como la sociedad, sino la sumatoria de los individuos que la componen, la sociedad como concepto, es una abstracción.
Hago votos desde estas páginas para que el parlamento no apruebe esta iniciativa, para que no sean políticamente correctos, y respeten el escaso margen de libertad que existe para los que han tenido la valentía de emprender, en un país, que cada día desalienta más al emprendedor .
[1] Aut. Cit. Capitalismo. El ideal desconocido. Ed. Grito Sagrado. 2008. Pág. 418.
