-Por Blanca Elgart
Cuando un gobierno impulsa una medida que no tiene costo para los transportistas, que cuenta con el respaldo del sindicato de trabajadores del sector, que ha sido flexibilizada luego de varias instancias de diálogo y que además apunta a modernizar un sistema que hace décadas necesita actualizarse, resulta inevitable hacerse una pregunta: ¿qué es lo que realmente se está defendiendo detrás de la resistencia a la nueva guía electrónica de carga?
Porque si el problema no es económico, si el Ministerio de Transporte abrió ámbitos de negociación y si las exigencias fueron simplificadas al máximo, entonces la discusión parece estar en otro lado.
La nueva guía introduce algo que para cualquier país moderno debería ser normal: trazabilidad. Saber quién transporta, qué transporta, cuánto transporta y hacia dónde va la carga. Información básica para ordenar una actividad que mueve millones de dólares y que utiliza infraestructura financiada por toda la sociedad.
También fortalece los controles sobre el peso de los camiones. Y aquí aparece un punto sensible. Durante años, el exceso de carga ha significado rutas destruidas más rápido, mayores costos de mantenimiento para el Estado y una competencia desleal para quienes cumplen las reglas. Cuando los controles aumentan, quienes trabajan correctamente no tienen nada que temer. Los problemas aparecen para quienes se benefician de la falta de fiscalización.
La guía además avanza en la formalización del sector. Y quizás allí se encuentre una de las claves del conflicto. Porque un mercado más transparente dificulta las zonas grises, reduce la informalidad y permite que todos compitan bajo las mismas condiciones.
Por eso sorprende que algunos actores empresariales presenten esta discusión como una defensa de la libertad o del trabajo. Nadie está prohibiendo transportar. Nadie está creando un impuesto nuevo. Nadie está imponiendo costos adicionales. Lo que se está haciendo es exigir más información y más transparencia.
La pregunta entonces es sencilla: si la medida no genera costos, si no limita la actividad y si busca ordenar el sistema, ¿por qué tanta resistencia?
La respuesta probablemente incomode a más de uno. Tal vez porque hay sectores que durante años se acostumbraron a operar con escasos controles y entienden cualquier avance en materia de fiscalización como una amenaza a privilegios que nunca debieron existir.
Uruguay necesita más transparencia, no menos. Más control, no menos. Más igualdad de reglas, no menos. Y cuando una medida avanza en esa dirección, el interés general debe estar por encima de las presiones corporativas.
Porque ordenar no es perseguir. Lo que realmente molesta a algunos es que ahora será mucho más difícil esconderse detrás del desorden.
