El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) firmará este jueves convenios de cooperación con 18 intendencias del país por un total de 27 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer la planificación territorial, la gestión del suelo y el desarrollo sostenible. La firma se realizará en el marco del Congreso de Intendentes, tras la asunción de las nuevas autoridades departamentales.
La inversión contempla un aporte de 1,5 millones de pesos para cada uno de los 18 departamentos participantes, lo que representa un incremento del 35% respecto a los convenios suscritos en el período anterior.
La directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, destacó que la planificación del territorio requiere una estrategia basada en la cooperación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales.
«No es solo una suma de convenios, sino que representa una forma de gobernar el territorio basada en la cooperación, la planificación y la construcción de acuerdos entre los distintos niveles de gobierno», afirmó.
Los recursos permitirán avanzar en la elaboración y actualización de planes departamentales y locales de ordenamiento territorial, programas de gestión del suelo, fortalecimiento de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), inventarios patrimoniales, proyectos urbanos y otras herramientas destinadas a mejorar la gestión pública del territorio.
Según explicó Florio, cada departamento ejecutará iniciativas acordes a sus propias necesidades y prioridades, dentro de una agenda territorial compartida que busca ofrecer respuestas adaptadas a las distintas realidades del país.
Desde el MVOT señalaron que esta iniciativa constituye una de las acciones de cooperación territorial de mayor alcance desde la aprobación de la Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, tanto por el número de gobiernos departamentales involucrados como por el volumen de la inversión y la diversidad de proyectos que serán impulsados.
La denominada Agenda Territorial del ministerio apunta a fortalecer las capacidades de los gobiernos departamentales para anticipar los desafíos del desarrollo urbano y rural, promover un uso más eficiente del suelo, proteger el patrimonio territorial y orientar las inversiones públicas y privadas hacia un modelo de desarrollo sostenible e integrado.
