La Comisión de Bienestar Animal de la Cámara de Diputados volvió a poner sobre la mesa la necesidad de actualizar la normativa sobre la tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos. Aunque existen varias iniciativas en estudio, las diferencias entre los distintos partidos han impedido hasta ahora alcanzar un consenso que permita avanzar en una legislación.
Actualmente se analizan tres proyectos con enfoques diferentes. Uno de ellos propone restringir la reproducción y comercialización de determinadas razas; otro plantea un sistema de licencias para sus propietarios, con requisitos específicos como mayoría de edad, ausencia de antecedentes penales y la contratación de un seguro de responsabilidad civil; mientras que una tercera iniciativa apuesta por fortalecer el rol del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), otorgándole la potestad de definir qué razas integran la categoría de potencialmente peligrosas y crear un registro nacional de estos animales.
Además de la identificación mediante microchip, algunas de las propuestas incluyen la obligatoriedad de realizar cursos de tenencia responsable y establecer mayores controles sobre los propietarios, con el objetivo de reducir los riesgos para la población sin afectar el bienestar animal.
Durante el tratamiento del tema, legisladores reconocieron que existe coincidencia en la necesidad de actualizar la normativa, aunque admitieron que las diferencias sobre el camino a seguir han dificultado la aprobación de una ley. En ese sentido, señalaron que la falta de acuerdos políticos ha postergado una respuesta frente a una problemática que periódicamente vuelve al debate público tras registrarse ataques protagonizados por perros de gran porte.
La discusión tomó nuevo impulso luego de un reciente episodio en el que un perro atacó gravemente a otro animal, reavivando el reclamo de distintos sectores para establecer reglas más claras sobre la tenencia responsable.
Mientras continúan las negociaciones en el Parlamento, el desafío será encontrar un equilibrio entre la seguridad de la población, la responsabilidad de los propietarios y la protección de los animales, en una temática que genera posiciones encontradas tanto entre legisladores como entre organizaciones vinculadas al bienestar animal.
