El turismo cinegético —que atrae a cazadores extranjeros a exclusivos establecimientos del país— ha crecido en los últimos años, generando ingresos millonarios pero también fuertes cuestionamientos por su impacto en la biodiversidad.
Organizaciones ambientalistas advierten que los cotos de caza autorizados por el Estado están vinculados a la pérdida de aves autóctonas y a la contaminación por plomo. En particular, reclaman estudios poblacionales sobre los patos, las especies más perseguidas junto con las palomas.
Adrián Stagi, exdirector de Ambiente de Río Negro y actualmente contratado por empresas del sector, explicó a El Telégrafo que se están realizando relevamientos poblacionales en varios departamentos para establecer cuotas de caza sin afectar las poblaciones. Recordó que en Argentina se aplican metodologías similares desde hace más de cinco años.
El Ministerio de Ambiente carece de recursos para fiscalizar, por lo que son las propias empresas quienes financian estos estudios, lo que también genera suspicacias. Stagi defendió el modelo señalando que “la caza deja mucho dinero al país” y que, con controles adecuados, podría sostener tanto el turismo como la conservación.
