Los radares fueron retenidos por la justicia después de que los vecinos autoconvocados presentaran una denuncia por la retirada de estos dispositivos, lo que llevó a su incautación.
La empresa procedió a quitar las cámaras y radares destinados a la fiscalización en las primeras horas de este viernes. Los vecinos autoconvocados consideran que estos dispositivos son pruebas cruciaimportantes para la investigación y han solicitado a la Fiscalía que los incaute.
Los denunciantes sostienen que esta acción es crucial para demostrar irregularidades, ya que argumentan que los dispositivos podrían constituir material de contrabando. La petición de investigación se centra en determinar si el sistema operaba correctamente o generaba multas de manera ilegal.
El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, anunció la rescisión del contrato y expresó su intención de convocar a una nueva licitación, lo cual planea formalizar durante la junta departamental programada para el 16 de enero.
En paralelo, la investigación judicial a cargo del fiscal Joaquín Suárez avanza, y este viernes al mediodía dispuso la incautación de los dispositivos. La comunidad considera la terminación del contrato como un «triunfo» y espera que la justicia determine las responsabilidades y la posible ilegalidad en la implementación del sistema.
Lafluf aclaró que no se trata de una rescisión del contrato, sino de «otro argumento jurídico» y reiteró su compromiso de convocar a una licitación. «Estoy aquí para defender a la gente, no a la empresa», afirmó el intendente.
En este contexto, tal como comunicó Multimedios Rincón María Mendaro calificó de «casualidad» el retiro de los equipos de radares después de que se confirmara la denuncia en la fiscalía. «Se retiraron las pruebas irrefutables de lo que se denunció», afirmó.
Por su parte, Anabella Olivera subrayó que ahora esperan que los equipos incautados impulsen el avance de la investigación fiscal. «Si no tienen nada que ocultar, que presenten lo que tengan que presentar», añadió.
