Por Fernando Dotti
El tema del agua potable ha estado en el tapete por estos días. No voy a entrar en los detalles. Usted ya los conoce.
Sobre este tema y dado que es notorio que la calidad del agua potable ha disminuido, consultado sobre la posibilidad de la rebaja de la tarifa de OSE, el Presidente de la República descartó la misma, algo que lamentablemente no sorprende puesto que, al haber monopolio, éste es el que tiene el sartén por el mango y no los consumidores, quienes se ven impedidos de elegir.
En una sociedad de abierta estos adefesios de empresas estatales monopólicas (vale lo mismo para una privada que gozara de tal privilegio impuesto), son incompatibles. En una sociedad abierta, los consumidores, esto es el mercado (es decir la gente) son los verdaderos soberanos de la economía y con sus decisiones, eligiendo o absteniéndose de elegir, arrojan información al sistema de precios, único indicador válido para lograr una más eficiente reasignación de los siempre escasos recursos.
Pero no es el caso de la OSE, así como tampoco sucede en el caso del BSE en los servicios médicos de accidentes de trabajo, ANTEL en telefonía fija, ANCAP, AFE, en donde se establece artificialmente y por la fuerza, la exclusividad de la prestación de determinado servicio.
Las mal llamadas “empresas” públicas como la OSE nunca arriesgan de su propio capital ni se someten al voto diario de la gente, es por eso que el título de “empresas” no le cabe. Es más, aun si compitiera, siempre se va a valer de resortes políticos para prevalecer y aun con ganancias, sería ineficiente porque desvía recursos en direcciones distintas a las que la gente hubiera preferido.
La existencia del monopolio es nociva para la gente, gobierne quien gobierne. Supuestamente el Estado nos cuida, pero nos hacen tomar agua de mala calidad, recomendando eso sí, dejar de tomar coca cola para comprar agua embotellada. Lo que sucede es que la OSE no tiene los incentivos necesarios, que la obliguen a la eficiencia en la gestión y el gasto, así como apuntar a la excelencia.
En la medida que no exista al menos competencia (con la aclaración ya realizada sobre este último punto), no se dan tales estímulos y por lo tanto tampoco hay margen para la innovación tecnológica. Es por ello que debe existir en este tema también, mercados libres, lo cual no implica que a priori existan varios oferentes, sino, el marco institucional, esto es la posibilidad de que esté abierto para cualquiera.
Por el contrario, el régimen de monopolio estatal vigente determina a diferencia de lo que debería ser, que la empresa monopólica viva a expensas de la gente y no al servicio de ésta, brindando en definitiva un servicio de mala calidad y caro.
De igual modo, las tarifas tienen en forma implícita sobreprecios puesto que, por un lado, no se ajustan a las demandas y necesidades de los usuarios, y a su vez, la retribución de quien provee el servicio, es ajena a la demanda antedicha y fijada arbitrariamente. Conclusión: el servicio es malo y las demandas de la gente superan la oferta, lo que hace que haya demoras en las respuestas entre otros diversos fallos.
Como sostiene Benegas Lynch (h) “El estatismo inexorablemente implica una declinación, debido a las perturbaciones que introduce. El mal hace mal, debido al deterioro que le es inherente”. (Cfr. Aut. Cit. Fundamentos de Análisis Económico. 12ª edición. Grupo Unión. Pág. 174.) Lo que hay que tener presente es que toda injerencia del estado provoca una mal asignación de los siempre escasos recursos.
El precio de la tarifa de OSE en realidad es un pseudo precio, que se determina con absoluta ajenidad al servicio y a las necesidades y demandas de los usuarios, y, por lo tanto, ese “precio” nada significa en términos económicos, más que, un impuesto encubierto, a partir del cual el estado hace caja para mal gastarlo en otros lugares.
En este tema como en tantos, es necesario eliminar telarañas mentales, abrir la cabeza (que opera como un paracaídas, esto es, solo funciona si se abre) y explorar otras áreas del conocimiento y alternativas. El monopolio no es la solución. Nunca lo fue, ni lo será.
La reforma constitucional de 2004 que agregó un inciso al art. 47, el cual establece que “El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. Lejos de venir a dar una solución, dicha norma ha agravado la situación puesto que, para que operen cambios reales, será necesario volver a reformar el texto constitucional.
No obstante, ello no impide proponer y pensar alternativas al monopolio estatal que redunden en beneficio de la población.
La gran mayoría de los uruguayos añora la época en que el Uruguay era considerado la Suiza de américa. En ese Uruguay, los servicios de energía eléctrica eran privados, los ferrocarriles eran privados, la telefonía era privada, en esa época no había Banco Central, y la gente vivía mejor. En esa época también, el agua potable era de gestión privada. En efecto, de la propia web de OSE se hace referencia a que “El 13 de mayo de 1871, a las 6:50 horas, llegó por primera vez el agua bombeada desde el río Santa Lucía hasta Montevideo. … En el año 1879 los concesionarios Lezica, Lanús y Fynn, a solo 8 años de haber iniciado el servicio de agua corriente a Montevideo, cedieron la concesión a la Compañía inglesa The Montevideo Waterworks Cº Ltda., quién estuvo a cargo del servicio hasta que pasó a manos del Estado en el año 1950.”
De modo que el argumento de que por la especialidad y naturaleza del bien en cuestión (nada menos que un recurso esencial como el agua) el monopolio es necesario (lo que se conoce como monopolio técnico), no es de recibo, por los mismos argumentos técnicos e históricos ya mencionados.
El tema está salado, pero no por la mayor presencia de sodio en el agua, sino por la imposibilidad de cuestionarnos la coyuntura y de explorar alternativas que generen anticuerpos para la gente, independientes al poder político.
