La iniciativa propone establecer el uso obligatorio de bozal, contratar seguros por daños a terceros y exigir capacitación a los responsables de estos animales. La diputada por Río Negro, Sylvia Ibarguren, advirtió que la problemática también está vinculada a la superpoblación canina y las dificultades para controlar la tenencia irresponsable.
La regulación de la tenencia de perros potencialmente peligrosos vuelve a ocupar un lugar en la agenda parlamentaria. La Cámara de Representantes estudia una iniciativa que busca reforzar las medidas de prevención frente a ataques, establecer nuevas obligaciones para los propietarios y promover una convivencia más segura entre personas y animales.
El proyecto se encuentra a estudio de la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, donde se procura reunir distintas propuestas legislativas presentadas en los últimos años para avanzar hacia una normativa común.
La diputada por Río Negro, Dra. Sylvia Ibarguren, explicó los principales alcances de la iniciativa y señaló que el debate debe contemplar no solamente las características de determinados perros, sino también las responsabilidades de quienes están a su cuidado.
Bozal, seguro obligatorio y formación para los propietarios
Entre las principales disposiciones que se analizan se encuentra la obligatoriedad de utilizar bozal en espacios públicos para los animales comprendidos en la normativa, además de las medidas habituales de sujeción mediante collar y correa.
La propuesta también establece la contratación de un seguro de responsabilidad civil que permita cubrir eventuales daños ocasionados a terceros, así como instancias de capacitación obligatoria para quienes tengan a su cargo este tipo de perros.
Otro de los aspectos relevantes es el cambio de criterio para determinar qué animales estarán alcanzados por las exigencias. En lugar de establecer una clasificación basada exclusivamente en razas, se propone incorporar el concepto de perros potencialmente peligrosos o de especial manejo.
De esta manera, la evaluación incluiría también animales mestizos y contemplaría aspectos vinculados a su constitución física, características morfológicas y comportamiento.
Ibarguren aclaró que el texto en discusión no busca prohibir la cría de estos animales, sino establecer condiciones más estrictas para su tenencia y manejo.
Más de 31.600 mordeduras registradas en una década
La legisladora también hizo referencia a las cifras que evidencian la magnitud del problema en Uruguay, donde se estima que existe un perro cada 2,41 habitantes.
Según los datos expuestos, entre 2010 y 2020 se contabilizaron más de 31.600 mordeduras, mientras que desde 2012 se registraron 12 fallecimientos asociados a ataques caninos.
De estos últimos casos, entre ocho y nueve habrían involucrado perros de raza Pitbull, de acuerdo con la información presentada por la diputada.
No obstante, Ibarguren sostuvo que atribuir el problema únicamente a determinadas razas implica dejar de lado factores fundamentales, como la crianza, la socialización, el comportamiento del animal y las condiciones en las que permanece bajo responsabilidad de sus propietarios.
La falta de controles, otro desafío pendiente
Más allá de las medidas específicas para prevenir ataques, la diputada planteó la necesidad de abordar una problemática estructural relacionada con la tenencia irresponsable y el crecimiento de la población canina.
Uruguay ya cuenta con disposiciones que establecen la esterilización obligatoria y la identificación de perros mediante microchip. Sin embargo, los niveles de cumplimiento continúan siendo insuficientes.
Esta situación se refleja en la reproducción sin control, el abandono de animales y la creciente demanda que enfrentan los refugios, muchos de los cuales se encuentran saturados.
Para Ibarguren, uno de los principales obstáculos radica en las dificultades del Estado para fiscalizar y garantizar la aplicación efectiva de las normas existentes.
Pese a ello, consideró necesario continuar avanzando en herramientas legislativas que permitan mejorar la prevención y fortalecer las responsabilidades individuales.
Educación y responsabilidad como parte de la solución
La legisladora insistió en que cualquier modificación normativa deberá estar acompañada de políticas de educación y concientización que promuevan un cambio en la forma de entender la tenencia de animales.
En ese sentido, destacó que incorporar un perro al hogar supone asumir compromisos relacionados con su alimentación, salud, cuidado, socialización y seguridad, además de considerar las posibles consecuencias de su comportamiento sobre otras personas.
Mientras el proyecto continúa su análisis parlamentario, el debate pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de combinar mayores exigencias legales, controles efectivos y educación ciudadana para enfrentar una problemática que involucra tanto al bienestar animal como a la seguridad pública.
