La Junta Departamental de Río Negro no aprobó la solicitud del Ejecutivo Departamental para destituir a un funcionario de la Intendencia vinculado a una investigación sobre presuntas irregularidades en la expedición de libretas de conducir en San Javier.
La votación finalizó empatada en 15 votos por la afirmativa y 15 por la negativa, debido a la ausencia del edil Juan Sardela, por lo que el planteo no alcanzó la mayoría necesaria para prosperar.
La decisión fue valorada positivamente por la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), que sostuvo desde un principio que los hechos investigados no ameritaban la aplicación de la máxima sanción administrativa. Desde el sindicato destacaron además que el trabajador cuenta con más de dos décadas de servicio en la comuna, sin antecedentes disciplinarios y con evaluaciones funcionales favorables.
A pesar del resultado en la Junta, el gremio anunció que continuará promoviendo la nulidad del procedimiento administrativo tanto en el ámbito de la Intendencia como ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
El asesor jurídico de ADEOM, Gonzalo Dotti, cuestionó el desarrollo del sumario y aseguró que durante el proceso se registraron irregularidades que afectaron las garantías de defensa del funcionario. Según explicó, ni el trabajador ni sus representantes tuvieron acceso al informe final de la investigación, documento que debía contener las conclusiones del caso, las imputaciones formuladas y la sanción recomendada.
De acuerdo con la posición del sindicato, esta situación impidió conocer con claridad los hechos concretos atribuidos al funcionario y limitó la posibilidad de ejercer una defensa efectiva frente a las presuntas responsabilidades derivadas de la tramitación de licencias de conducir.
Dotti sostuvo además que el derecho constitucional de defensa debe prevalecer sobre las disposiciones establecidas en el estatuto municipal y consideró que una eventual destitución habría resultado una medida desproporcionada para un trabajador con extensa trayectoria y sin antecedentes en su legajo funcional.
Además, el pedido de destitución nunca fue formalmente notificado al funcionario. Asimismo, se indicó que, una vez remitido el expediente a la Junta Departamental, la defensa solicitó en dos oportunidades acceder al informe final de la investigación y a sus conclusiones, sin obtener respuesta por parte de la administración. A criterio del sindicato, esta situación profundiza los cuestionamientos sobre las garantías del debido proceso y el ejercicio efectivo del derecho de defensa durante el sumario administrativo.
