Una propuesta, que combina formación especializada, evaluación médica y acompañamiento familiar para garantizar el acceso a la intimidad de
personas con discapacidad, en un enfoque que busca derribar prejuicios y reconocer derechos históricamente postergados.
En entrevista con El Rionegrense, la activista Karina Núñez profundizó sobre un proyecto de asistencia sexual dirigido a personas con discapacidad, una iniciativa que comenzó en 2012 y que, con el paso del tiempo, fue adquiriendo mayor nivel de profesionalización.
Según explicó, uno de los puntos de inflexión se dio a partir de instancias de formación vinculadas a la Facultad de Ciencias Sociales en Montevideo, donde pudieron acceder a herramientas teóricas, legales y conceptuales para fortalecer el trabajo que ya venían realizando. “Esto no surge como una idea nueva, sino como algo que ya hacíamos. Pero a partir de esas instancias entendimos la necesidad de profesionalizarlo, tanto para cuidar a las personas con discapacidad como para protegernos nosotras”, señaló.
Núñez remarcó que históricamente las personas con discapacidad han tenido un acceso limitado y muchas veces invisibilizado a su sexualidad. En particular, mencionó prácticas extendidas en el pasado, donde varones eran llevados a whiskerías como única alternativa para el contacto íntimo, sin contemplar aspectos emocionales, de consentimiento informado o de autonomía. Frente a ese escenario, el proyecto buscó ampliar la mirada y construir una propuesta más integral, que incluyera también a mujeres y que pusiera el foco en el derecho al disfrute pleno de la sexualidad. “Son personas con deseos, con necesidades de afecto, de
contacto y de intimidad. Sin embargo, todavía existe una mirada social que los infantiliza o los considera ajenos a estos temas”, afirmó.
El servicio fue evolucionando también a partir de las propias demandas de las personas usuarias. “Muchas de las cosas que hoy forman parte del proyecto surgieron por sugerencias de los propios clientes con discapacidad”, explicó Núñez. En ese sentido, indicó que no todo se centra en el acto sexual en sí, sino que muchas veces se trata de acompañar procesos vinculados al vínculo afectivo, la autoestima o el aprendizaje de la interacción. “Hemos tenido casos de personas que querían aprender a besar por primera vez o entender cómo relacionarse con una pareja. Es un trabajo mucho más amplio que el que se suele imaginar”, agregó.
En cuanto al funcionamiento, Núñez detalló que existen diferentes procedimientos según la situación de cada persona. Aquellas que no están bajo régimen de tutela pueden acceder al servicio de forma autónoma, sin necesidad de autorizaciones especiales. En cambio, cuando existe tutela legal, se activa un proceso más complejo que incluye tres instancias: dos entrevistas con la familia y una evaluación con el médico tratante. Este último debe determinar si la práctica no implica riesgos y puede aportar a la calidad de vida de la persona. Esa es nuestra única garantía desde el punto de vista legal y ético. Si el médico entiende que no hay beneficio o que puede haber un riesgo, el contrato no se firma”, explicó.
Otro de los pilares del proyecto es la formación de las asistentes, quienes deben cumplir con una serie de requisitos antes de comenzar a trabajar. Según detalló Núñez, el proceso incluye capacitación en aspectos de salud, ergonomía, manejo de situaciones complejas, y también formación en psicología para poder identificar cambios de humor o posibles crisis en personas con padecimientos mentales. A esto se suma la formación en reanimación cardiopulmonar, teniendo en cuenta que pueden existir situaciones de riesgo durante la prestación del servicio. “Es fundamental que las compañeras estén preparadas para cuidar a la persona, pero también para cuidarse ellas”, indicó.
Actualmente, el equipo está integrado por ocho trabajadoras formadas, con experiencia previa en el rubro, y se prevé una nueva instancia de capacitación para este año. Núñez destacó que, pese a las críticas o cuestionamientos públicos que han surgido en algunos momentos, la evaluación tanto de las familias como de las propias trabajadoras ha sido positiva. “Ninguno de los contratos se dio de baja. Al contrario, quienes conocen de cerca esta realidad valoran el servicio. Muchas veces las críticas vienen de quienes no han tenido que atravesar estas situaciones”, sostuvo.
Asimismo, explicó que se han establecido mecanismos para evitar la generación de dependencia emocional entre las asistentes y las personas usuarias. Entre ellos, se limita la cantidad de encuentros con un mismo contratante, promoviendo un vínculo cuidado y profesional. También se definió un sistema de pago por acto logrado, contemplando las particularidades del servicio, que muchas veces implica tiempos más prolongados debido a las condiciones físicas o emocionales de las personas.
Finalmente, Núñez subrayó que el proyecto también ha permitido abrir espacios de diálogo con las familias, abordando un tema que continúa siendo tabú en la sociedad.
“Muchas veces trabajamos más con las familias que con las propias personas, porque hablar de sexualidad sigue siendo difícil. Pero es necesario entender que este también es un derecho”, afirmó.
En esa línea, concluyó que el objetivo central es contribuir a una mirada más inclusiva: “Se trata de reconocer que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra, también en lo que refiere a su vida afectiva y sexual”.
