El Poder Ejecutivo firmará un decreto que permitirá a los deudores en unidades reajustables de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) regularizar su situación para acceder a nuevos beneficios, anunció el presidente de la entidad, Claudio Fernández. Explicó que se los asesorará para que tomen decisiones ajustadas a cada situación.
El presidente de la ANV, Claudio Fernández, informó que el Poder Ejecutivo firmará un decreto que permitirá a los deudores acreditar ante la agencia que están al día con el pago de sus tributos, requisito necesario para acceder a los beneficios previstos en la ley n.º 20.237 y sus modificativas.
La normativa, aprobada en 2023, establece un régimen especial para la reestructura y regularización de deudas hipotecarias en unidades reajustables (UR). Están previstas distintas opciones de refinanciación o cancelación, con beneficios que dependen del nivel de cumplimiento y del tipo de crédito.
Fernández explicó que los deudores contarán con asesoramiento y comunicación personalizada para facilitar que tomen decisiones ajustadas a su situación particular. “Se trata de acompañar a cada familia con información clara, completa y específica sobre su caso”, agregó. Una vez firmado el decreto, los deudores podrán acceder a la información en el sitio web de la ANV.
Destacó que este avance es resultado de un trabajo inédito realizado por el organismo para el tratamiento de los deudores en UR. “Se analizaron los créditos en forma exhaustiva y se definieron las vías para canalizar las opciones de adhesión o desistimiento a la ley”, indicó.
Además, valoró el esfuerzo de la institución para evitar la prescripción de los derechos del Estado sobre deudas originadas en el Banco Hipotecario del Uruguay o en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que habían quedado en riesgo tras la aprobación de la ley de urgente consideración, explicó.
En ese sentido, informó que en mayo se inició el envío de los telegramas colacionados, un paso que consideró fundamental para resguardar los derechos del Estado y asegurar la continuidad de los procesos de cobro.
