Por José Antonio Cardozo / jacardozo@laprensa.com.uy
Llevar adelante un diario nunca fue tarea fácil, y menos para los que nos desempeñamos desde el interior del país, donde los números no son tan generosos como en la capital, por una economía de escala menor, costos de fletes, precios en dólares y por que de alguna manera, la cercanía a todas las oficinas del estado incide en el acceso a pauta oficial. Desde hace décadas que se reclama que la distribución de dicha publicidad debe ser equitativa con los medios del interior y no concentrar el grueso en la capital, manejados por agencias de publicidad con mucho «lobby», para dejar unas pocas migajas en el interior.
Por otro lado, han habido embates que de haber sido exitosos hubieran perjudicado las economías de los diarios. Provenientes seguramente desde grupos interesados, con influencias para, por ejemplo, quitar la obligatoriedad de publicar ciertos tipos de avisos judiciales en los diarios locales, tal como se intentó hacer con las publicaciones que generan las Sociedades de Responsabilidad Limitada, o Sociedades Anónimas.
LA PRENSA integra desde sus comienzos la Organización de la Prensa del Interior (OPI), nuestro abuelo, Alfonso Cardozo, fundador de la segunda época del diario en 1942, fue Presidente de dicha organización durante la dictadura y llegó a tener entrevista con el Gral. Gregorio Alvarez para defender los intereses de los diarios en circunstancias difíciles. La actual Directiva viene trabajando muy bien, felizmente, por mayor justicia entre los socios que la componen y desde allí se han implementado defensas contra los embates que llegan.
Sin embargo, desde el mes de febrero de este año, el Poder Judicial (PJ) aprovechándose de los cambios en el Art. 89 del Código General de Proceso, referido a la publicación de edictos judiciales, introducidos por la Ley Nº 19.090, comenzó a comercializar la venta de publicaciones de edictos en su sitio web, asumiendo que este sitio es de «alcance nacional». Esto se tradujo en un fuerte ataque a los diarios del interior ocasionando un notable perjuicio económico.
La notificación por edictos judiciales cumple la función fundamental de dar a publicidad los actos jurídicos, previniendo de esta forma la ocurrencia de actos ilegítimos o incluso ilegales, lo que representa una garantía procesal, fundamental del Estado de derecho.
El hecho de que estos edictos se publiquen únicamente en la plataforma web del PJ, priva a los ciudadanos comunes del conocimiento de actos jurídicos que pueden ser de su interés y atenta contra el principio de igualdad, ya que no toda la ciudadanía tiene acceso o buen manejo de las herramientas informáticas. Pero lo primordial es que es poco probable que los ciudadanos acudan a la web del PJ para informarse de los actos jurídicos. Los ciudadanos leen medios de prensa, por eso allí tienen que estar estas publicaciones, lo que asegura una correcta distribución y alcance. La publicación de los edictos en plataformas web como la del PJ, equivale a que los mismos no tengan en los hechos ninguna difusión.
A lo anterior se agrega, el hecho de que ya existe una web oficial en la cual se deben realizar obligatoriamente las publicaciones (Diario Oficial) y con el PJ realizando las mismas publicaciones, se introduce entonces una adicional que hace que el Estado tenga, en los hechos, el monopolio de las publicaciones judiciales.
El trasfondo de todo esto no es mas que un problema presupuestal detonado por la creación de los Juzgados de Género en distintos puntos del país, entre los que se encuentra Salto. Para ello la Suprema Corte de Justicia (SCJ) pensaba recaudar con los edictos 11 millones, y propuso, con el beneplácito irresponsable de la Vice Presidente Beatriz Argimón, una serie de cambios en esta Rendición de Cuentas que se está votando en el Senado. Esos cambios eliminaban la posibilidad de que los Diarios del interior puedan poner el precio a una publicación judicial, y nos imponía como socio al PJ que gestionaría las publicaciones que nos lleguen, seleccionando el PJ a que diario enviar, con lo que se perdía libertad y se sumaba arbitrariedad.
En las últimas horas se han vivido intensas negociaciones en el Senado de la República y gracias al firme apoyo de senadores comprometidos con el interior como Germán Coutinho, Guido Manini Ríos, Carlos Daniel Camy, y varios mas, se logró frenar el planteo original de la SCJ. Mediante negociaciones con OPI se logró mantener la independencia de los diarios del interior, que ahora serán «agentes de retención» de una tasa que se volcará luego a las arcas del PJ. Esto redundará en un aumento de precios de las publicaciones judiciales a los clientes finales.
En algún futuro alguien tendrá que evaluar si valió la pena crear los Juzgados de Género, aumentando el costo de los trámites judiciales.
Triste ha sido ver la complicidad de medios escritos importantes de la capital, haciendo los mandados y promoviendo información incompleta, que tergiversó los hechos, seguramente con la miserable intención de que si los cambios que se pretendían en esta Rendición de Cuentas salían como lo propuso inicialmente la SCJ, eso significaba la sentencia de muerte de más de un diario. Cuanto menos diarios en el interior, más publicidad oficial para los poderosos de la capital.
Para que haya democracia, es requisito sine qua non, la libertad de expresión y pluralidad. Desde los diarios del interior, construimos Democracia todos los días.
