Por Tany Mendiondo
El 1 de julio comenzamos el plenario en la Cámara de Representantes con el objetivo de tratar la Ley de Urgente Consideración. Repasemos un poquito la historia, este tipo de ley fue incorporada en la Constitución de la República por la reforma naranja que se votó en la elección del 27 de noviembre de 1966.
Los constitucionalistas ideólogos generaron un instrumento en un escenario de gobiernos colegiados que, en la práctica, tenían enormes dificultades de generar mayorías parlamentarias. Una de las características de las leyes de Urgente Consideración, de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, es que de no tratarlas el Parlamento en los 90 días previstos, la iniciativa toma vigencia. Entiéndase, es de la única manera que el Poder Ejecutivo legisla porque la inacción del Legislativo convierte en ley la iniciativa, a un dicho popular se ajustaría aquello de que “el que calla otorga”. El 23 de abril entró a la Asamblea General y pasó al Senado la iniciativa del gobierno que encabeza el Dr. Luis Lacalle Pou, 501 artículos largamente anunciados pero de origen diferente, lo primero, lo anunció el propio Dr. Lacalle en su campaña. O sea, esa era su LUC. La realidad entre el 27 de octubre y el 24 de noviembre es que para ganarle al Frente Amplio, legítimamente, se sumaron cuatro partidos políticos más, los que también tenían propósitos legislativos. Esa es la LUC de los 5 partidos que ingresó al Parlamento el 23 de abril. Eso hizo que este instrumento, usado por los gobiernos democráticos desde el año 67 a la fecha, ya no tuviera un solo pensamiento central sino que se le agregaban los de los aliados. Los hechos relevan cualquier duda, de los artículos ingresados a la primera cámara, la de senadores, solo sobrevivieron 76 (15 % del proyecto original), se sustituyeron, se modificaron, se suprimieron y a la Cámara de Diputados llegaron 475. Los 30 días de trabajo en la Comisión Especial de la Cámara de Representantes produjeron más cambios, más sustitutos y correcciones de técnica legislativa, por lo que hoy estaremos discutiendo sobre la base de 478 artículos aprobados en la Comisión Especial.
Nuestra posición fue muy clara desde el inicio, no solo por la cantidad de artículos que tocaban más de 50 leyes, códigos, etc., con un promedio de cerca de 500 días de trabajo parlamentario, sino la inoportunidad que genera el trasfondo de la pandemia, donde como elemento objetivo y por decir algo grueso, dos ex Presidentes de la República y dos ex Vicepresidentes de la República, hoy Senadores titulares, con la experiencia y el poder político que ello implica, no podían concurrir y no concurrieron a la discusión por el hecho de ser personas en situación de riesgo. No obstante nuestra fuerza política se incorporó a las Comisiones Especiales de ambas Cámaras, trabajó denodadamente con equipos especializados en la búsqueda de mejorar el texto, fundamentalmente, con el propósito de mitigar los daños que la LUC provocaría. Esta actitud y talante no es el resultado de reuniones de bancada entre cuatro paredes. Son las demandas y los aportes de cientos de colectivos, académicos, gremiales empresariales y de trabajadores, organismos internacionales y especialistas en general. Los que concurrieron a ambas Comisiones Especiales y los que recibimos en una Bicameral. Nosotros que votamos y votaremos negativamente en general el proyecto porque se trata de una muy mala ley, artículo por artículo aprobaremos muchos de ellos porque se mejoraron, porque se mitigaron daños a través de diversas correcciones y en definitiva, porque nos hacemos eco de los planteos de la población que en épocas de pandemia y siguiendo los protocolos sanitarios llegaron al Parlamento nacional.
Las cosas claras, es una muy mala ley que en general no la votaremos y lo que artículo por artículo recibirá nuestra aprobación es porque nuestra fuerza política es custodia del proceso de los gobiernos del 2005 al 2020, con las conquistas y derechos que ello implica. Porque además si había un momento inoportuno para presentar este amasijo de cosas tan diferentes era este: en plena pandemia global el gobierno dar una batalla tan negativa como inoportuna. El Frente Amplio es depositario del proceso de transformaciones de tres gobiernos progresistas, y hoy una vez más toma actitud de responsabilidad institucional y compromiso ciudadano. Es nuestra responsabilidad, donde nos puso la ciudadanía el 24 de octubre.
