Por Fernando Doti.
Andrés Oppenheimer en el prólogo su libro “Crear o morir”, a raíz de la muerte de Steve Jobs, se pregunta “¿por qué no surge un Steve Jobs en cualquier país de américa latina, ¿donde hay gente tanto o más talentosa que el fundador de Apple?”.
Leyendo el libro me hice la misma pregunta para Uruguay: ¿por qué en nuestro país ya no aparecen tipos como Francisco Piria o Samuel Lafone? ¿Qué es lo que pasa que no aparecen más? ¿fueron una especie en extinción? o, por el contrario, ¿siguen existiendo pero los incentivos actualmente están orientados en la dirección opuesta? De hecho, hoy día si Francisco Piria quisiera fundar hoy una ciudad como lo hizo con Piriápolis, moriría en la sala de espera de algún ministerio aguardando un permiso ambiental o una firma de algún burócrata municipal con perspectiva de género.
Este tipo de interrogantes deberían estar en la agenda pública de un país que aspire a crecer y mejorar la calidad de vida de su población, mas, lamentablemente, Uruguay no forma parte de ese selecto grupo.
Hubo un tiempo en que el Uruguay fue próspero y verdaderamente libre. En ese tiempo el peso uruguayo era una de las monedas más fuertes del planeta, cotizando con orgullo por encima del dólar estadounidense. Hubo un tiempo, a finales del siglo XIX, en que cruzar el Atlántico hacia Montevideo no era el destino de la nostalgia, sino la llegada a una tierra prometida de libertad, comercio y prosperidad. Aquel Uruguay, cimentado sobre las bases institucionales de un liberalismo clásico que entendía que la riqueza se crea y no se decreta, crecía a tasas del 6% anual, algo que nunca más repitió en su historia. El Estado era pequeño, un árbitro que garantizaba las reglas del juego mientras los ferrocarriles, la ganadería moderna y la inversión privada empujaban los límites del progreso.
En ese Uruguay, los marcos institucionales eran otros, distintos de los que actualmente conocemos y padecemos. En ese Uruguay, con su Constitución de 1830, “El derecho de propiedad es (era) un sagrado inviolable”, como lo establecía su artículo 144. No son de extrañar entonces, los datos expuestos en el párrafo anterior. La clave de la prosperidad de las naciones, precisamente son sus marcos institucionales, amigables con la libertad de emprender y el respeto de los derechos de propiedad privada. Poco importan las riquezas naturales, bondades climáticas o yacimientos petrolíferos. Si ello fuera relevante, Venezuela debería ser un país rico dado la abundancia de petróleo que posee y Japón un país pobre, dado que dos tercios de su superficie, la constituye un cascote de piedra improductiva. Esto lo entendió hace más de doscientos años Adam SMITH, cuando en “La riqueza de las naciones” sostenía la existencia de gobiernos limitados y la liberación del genio creador del ser humano, donde cada uno persiguiendo su interés, ayuda a los demás, aun sin proponérselo. SMITH no inventó nada, no inventó el mercado: lo entendió.
¿Que caracterizaba al Uruguay de la segunda mitad del siglo XIX? El Dr. Ramón DIAZ, en su “Historia Económica del Uruguay”, da cuenta que, “… El Uruguay del que yo particularmente me enorgullezco -con esa clase de orgullo que va del brazo con el asombro- es el de los 74.000 habitantes en 1830, empobrecidos por un sinfín de guerras así como por el mercantilismo que a la sazón aun sobrevivía en la Madre Patria, convertido en un país rico en 1870, con diez veces más de habitantes (6% de crecimiento anual, con nueve años de guerra civil en el medio); el Uruguay de los inmigrantes, que llegaron a nuestras costas a raudales portando su ethos de laboriosidad y austeridad; el Uruguay de la Constitución de 1830, a la que cada reforma, desde la de 1917, depreció filosófica y jurídicamente; el país que liberó las tasas de interés en 1838, antes que nadie en Latinoamérica, la República que luchó con uñas y dientes contra el papel moneda, que en 1862 se afilió al patrón oro y mantuvo intacta la sustancia de su peso hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, medio siglo más tarde; y de tanta otras cosas sobre las cuales van ustedes a leer, si persisten en su marcha a través de este volumen.”[1]
Ese Uruguay, era el país de los emprendedores, de los hombres pujantes, de los que no tenían problemas de trabajar duro, para luego disfrutar del producto de su esfuerzo, sabiendo que no le iba a ser arrebatado por los políticos de turno. El Uruguay de los emprendedores sin complejos de culpa por el éxito. Así se construyó el Uruguay próspero, con gente pujante, no con políticos poniendo palos en la rueda, sacando provecho del negocio de la gestión de la pobreza.
El profesor BENEGAS LYNCH, cita a Juan Bautista Alberdi, quien sostenía que en las plazas públicas, en lugar de construir monumentos a políticos y militares que habitualmente son los que ponen palos en la rueda al emprendedorismo, deberían colocarse monumentos a empresarios,puesto que gracias a ellos han surgido medios novedosos de transporte, diques y represas, sistemas de riego, medicamentos, procedimientos eficaces para obtener alimentos, construcciones de viviendas, procedimientos ingeniosos para las comunicaciones, ropa, producciones musicales y todo de cuanto disponemos
El Uruguay liberal, en 1838 liberó las tasas de interés, estableciendo por ley número 165 de abril de 1838 que “El interés del dinero será el que acuerden las partes contratantes”. ¿Por qué razón era y es importante esta previsión? Por una sencilla razón, y es que el interés no es un invento de los banqueros, sino una cuestión que surge de la propia acción humana y que es la preferencia temporal, es decir, a igualdad de circunstancias, el valor de los bienes presentes, siempre es mayor que el valor de los bienes futuros. Tratar de tapar o limitar el interés por ley es como intentar tapar el sol con la mano y distorsiona el sistema de precios en la sociedad. En definitiva, la prohibición de la usura constituye una fijación de precios pura y dura, y, como siempre sucede cada vez que el Estado fija precios que están por encima o por debajo del nivel de precios del mercado, se genera escasez, en este caso de crédito. Siendo así, las leyes de usura, que supuestamente son para proteger a los más débiles de los malvados usureros, les termina complicando la vida a los primeros. Por esa razón el Uruguay de hoy tiene cerca de un millón de personas en el clearing. Quienes más necesitan del crédito, se ven impedidos de acceder a él. Pensemos lo siguiente: si un prestamista se enfrenta a un cliente de altísimo riesgo (por ejemplo, una persona sin ingresos fijos o un pequeño emprendedor que recién empieza), la única manera viable de prestarle es cobrando una tasa alta, que compense la probabilidad de no cobrar. Si la ley le prohíbe cobrar esa tasa, el prestamista no bajará el interés, simplemente no prestará, así de sencillo. La ley de usura excluye del sistema formal a los eslabones más vulnerables de la sociedad. ¿A qué conduce ello? Al mercado informal, como siempre sucede, a los llamados “prestamistas ilegales” o usureros, que en realidad vienen a dar respuesta a una necesidad insatisfecha entre la gente. No obstante, la claridad de la evidencia, el Uruguay pasó de la ley mencionada, a establecer en su Constitución, en el art. 52 la prohibición de la usura, estableciéndola como delito luego por ley nro., 18.212.
La gran mayoría de los uruguayos añora la época en que el Uruguay era considerado la Suiza de América. Más allá de la añoranza mencionada, confieso que en lo personal, me gusta más hablar de ese Uruguay próspero, como aquel que el constitucionalista argentino, el ya citado Juan Bautista Alberdi, denominaba la “California del Sud”. La referencia tiene que ver con el hecho de que la primera Constitución de la República Argentina de 1853, tuvo como fue de inspiración la Constitución de California del 13 de noviembre de 1849. California por ese entonces, registraba un crecimiento exponencial, siendo también un faro de prosperidad en el mundo, no el antro pseudo socialista que es hoy. El crecimiento y desarrollo del Uruguay era tal, que motivó esa referencia. Hablar de la Suiza de América, retrotrae el batllismo, una época en la que Uruguay se dedicó a consumir capital generando marcos institucionales orientados en la mala dirección, que aun hoy padecemos. Pero recapitulando, decía que el uruguayo por lo general añora otra época. Pues bien, en ese Uruguay, los servicios de energía eléctrica eran privados, los ferrocarriles eran privados, la telefonía era privada. En esa época no había Banco Central, y la gente vivía mejor. En esa época también, el agua potable era de gestión privada. En efecto, de la propia web de OSE se hace referencia a que “El 13 de mayo de 1871, a las 6:50 horas, llegó por primera vez el agua bombeada desde el río Santa Lucía hasta Montevideo. … En el año 1879 los concesionarios Lezica, Lanús y Fynn, a solo 8 años de haber iniciado el servicio de agua corriente a Montevideo, cedieron la concesión a la Compañía inglesa The Montevideo Waterworks Cº Ltda., quién estuvo a cargo del servicio hasta que pasó a manos del Estado en el año 1950.” En ese entonces, no teníamos los problemas de calidad del agua “potable” que padecemos desde hace por lo menos 20 años y no había ambiente para que algún “iluminado” nos viniera a decir que por la esencialidad del recurso, éste debía estar en manos del Estado. De modo que el argumento de que por la especialidad y naturaleza del bien en cuestión (nada menos que un recurso esencial como el agua) el monopolio es necesario para justificar la presencia estatal, no es de recibo, por los argumentos históricos ya mencionados. Pero, sigamos analizando el Uruguay liberal. El ferrocarril, algo que fue próspero y que constituyó un extraordinario medio de transporte, no nació de un decreto ministerial ni de un plan quinquenal burocrático. Nació del riesgo y del cálculo del capital privado. Bajo la gestión de la Central Uruguay Railway, los ingleses tendieron miles de kilómetros de vías, unieron las fronteras con el puerto y levantaron en Peñarol el complejo industrial más moderno de la época, todo financiado por el comercio genuino. El resultado de pasar al Estado fue el que conocemos: burocratización, pérdida de trenes y un agujero fiscal brutal que seguimos pagando los uruguayos. El año pasado, AFE perdió U$$ 24 millones y arrastra pérdidas anuales, desde el año de su creación en 1952. Parece una broma de muy mal gusto, pero es cierto.
El Uruguay del siglo XIX era próspero y la caridad era privada, aunque hablar de caridad privada constituye una contradicción en los términos, puesto que, la caridad es privada o no es. Lo otro, el asistencialismo estatal, maquillado de solidaridad, es lisa y llanamente un atraco. En ese contexto entonces, no es de extrañar que en Uruguay floreciera la asistencia libre y voluntaria entre personas, organizándose bajo distintos formatos que permitían dar respuesta a situaciones desfavorables propias y de sus semejantes. El mutualismo constituyó un claro ejemplo, que comenzó a desarrollarse luego de finalizada la guerra grande. Esas primeras sociedades mutuales fueron la respuesta ante la necesidad de protección y asistencia, especialmente entre trabajadores y sus familias. Así pues, en 1866 se fundó la primera sociedad mutualista en Montevideo, llamada LaMutualidad de los Trabajadores. Estas organizaciones se basaban en la solidaridad y la ayuda mutua, ofreciendo atención médica, subsidios por enfermedad y apoyo en caso de fallecimiento. De igual modo, se registra en 1873, la Sociedad Tipográfica de Montevideo. Esta sociedad fue fundada con tres finalidades: prestar socorros ante la enfermedad y la invalidez, proveer trabajo a sus afiliados y el de aprobar medidas tendientes al mejoramiento del arte. Su primer estatuto del año 1873 establecía como objeto social “el adelanto del arte, la seguridad de los intereses industriales y la moralidad del gremio que representa”, enumerando sus funciones: “atender a los enfermos que quedan imposibilitados, proteger a los miembros que precisan auxilio, señalar las bases por las que se admitirían aprendices y conseguir que los operarios sean siempre remunerados en proporción a sus actitudes y conocimientos artísticos, de modo que garantizara su independencia”. Si bien se aprecia, existía otro humor social, muy distinto al actual. Se remuneraba en función de la aptitud y la productividad, no aplicando la guillotina horizontal, estimulándose la no superación. En la sociedad tipográfica de Montevideo, cada socio pagaba su cuota social mensual además de una cuota de ingreso. Es interesante destacar que los socios se comprometían a no abusar de la beneficencia, ni a entregarse a vicios. Se establecía que cada vez que un socio se enfermase y diere aviso a la sociedad tendría derecho a un médico, flebotomista, gastos de botica y un peso diario para su sustento en caso que estuviese impedido. Si la dolencia fuese crónica y no pudiere trabajar de por vida, recibiría la mitad. Por último, la sociedad se haría cargo del entierro, en caso de fallecimiento del socio.[2] Montevideo registró en esa época una verdadera cultura asociativa, que reunía a individuos que tenían algún punto de contacto o en común, ya sea su actividad, su nacionalidad de origen, entre otros. El mutualismo en Uruguay, por tanto, es un ejemplo de cómo la solidaridad y la cooperación pueden ofrecer soluciones a las necesidades sociales, y sigue siendo un pilar fundamental en la vida de muchas personas. En este contexto debe mencionarse a la Asociación Española, fundada en 1866, una de las instituciones más emblemáticas del mutualismo en el país. Su objetivo principal fue brindar apoyo y asistencia a la comunidad española en Uruguay, ofreciendo servicios de salud, educación y ayuda social. En sus inicios, la financiación de la Asociación Española provino principalmente de las aportaciones de sus miembros y de donaciones de la comunidad. En sus inicios, la asociación se centró en proporcionar asistencia social y sanitaria a sus miembros, quienes a menudo enfrentaban dificultades al llegar a Uruguay. La llegada de inmigrantes españoles a Uruguay se intensificó en el siglo XIX, y muchos de ellos se establecieron en Montevideo. Ante la necesidad de contar con una red de apoyo, se formó la Asociación Española, que se convirtió en un referente para la comunidad española en el país. En el siglo XIX, además de la antedicha asociación, existieron varias organizaciones y cofradías en Uruguay que tenían propósitos similares, enfocándose en brindar apoyo a inmigrantes y fomentar la solidaridad entre sus miembros. De esa época podemos citar la Sociedad de Socorros Mutuos de Inmigrantes Italianos, la Cofradía de San Juan Bautista, el Círculo Italiano, entre otros. En este sentido, es muy ilustrativa la obra “En defensa de los más necesitados”, de Alberto BENEGAS LYNCH (h) y Martín KRAUSE, en donde se menciona al detalle, la muy rica tradición de asistencia social privada en Argentina. Así pues, tomando como referencia el período posterior a la primera Constitución argentina de 1853 (sin perjuicio de los registros anteriores mencionados en el libro), advertimos que “La atención a los más necesitados en la Argentina posterior a la sanción de la Constitución de 1853 estuvo a cargo de instituciones públicas y privadas… El gobierno concentró sus esfuerzos en la atención de los pobres a través de establecimientos propios y, fundamentalmente, mediante la delegación de la administración de centros sanitarios y educativos en la Sociedad de Beneficencia… (que) sería recién en 1876, con la creación del Consejo General de Escuelas, que las escuelas de niñas de la Sociedad pasarían a manos del estado…”. De igual modo, encontramos aportes realizados mediante legados y donaciones, “éstas últimas a pesar que en muchos casos se hacían debido a la inexistencia de herederos o bien por el simple hecho de ‘figurar’ como benefactor de la sociedad, lo cierto es que se trataba de actos voluntarios llevados a cabo por particulares”. Las entidades de socorros mutuos, tuvieron un papel destacado. Estas, “eran asociaciones espontáneas entre individuos afines con el objetivo de brindarse protección y ayuda recíproca en ciertas y determinadas circunstancias… Se constituyeron sobre la base de la afinidad política, la nacionalidad, la profesión, las creencias religiosas, etc. No existen precursores intelectuales de estas formas de asociación” [3]. Así pues, el siglo XIX en Argentina registra la creación de la Sociedad Conferencias de San Vicente de Paul, la Sociedad de Asistencia a domicilio a los enfermos pobres, creada en 1909, el Hospital Italiano, la Sociedad española de beneficencia, creada en 1857; la Sociedad Filantrópica Francesa del Río de la Plata, fundada en 1832, el Hospital Alemán, el British Hospital, entre otros tantos. Lo propio lo encontramos en los Estados Unidos, por ejemplo, a comienzos del siglo XX. Se estima que uno de cada tres hombres en dicho país pertenecía a una sociedad de ayuda mutua y que tres cuartas partes de la población inglesa que en 1911 pasó a estar cubierta por la recién creada seguridad social ya lo estaban por las más de 9.000 friendly societies existentes en el país. Apunta RALLO que “el sector privado filantrópico de Inglaterra y Gales manejaba unos fondos que aumentaron desde el 0,55 por ciento del PIB en 1874 a casi el 0,65 por ciento en 1913, por encima de la ayuda que proporcionaba el Estado a través de la Ley de Pobres… las organizaciones caritativas jugaban un papel meramente secundario frente a las sociedades de ayuda mutua que eran el auténtico pivote de un sistema que, en Inglaterra, permitió reducir el número de personas necesitas de ayuda estatal al 2,6 por ciento de la población a finales del siglo XIX…”[4]
En 1868, José Pedro VARELA advertía, en su carta fechada en Filadelfia, el 10 de marzo de ese año, la relevancia de la caridad genuina: “¿Cuántos de los viajeros tanto europeos como sudamericanos que llegan a Estados Unidos, traen consigo la idea de que uno de los rasgos característicos de los norteamericanos es el egoísmo? Casi todos. ¿Y cuántos conservan esa idea después de haber permanecido algún tiempo en el país? Casi ninguno. Los americanos tienen a este respecto un modo de argumentar incontestable. Ningún pueblo hay que haya hecho más por aliviar la desgracia de los que sufren y por ensanchar el horizonte de las nuevas generaciones. En medio de los Estados Unidos, Philadelphia se distingue por su inextinguible caridad, por su anhelo incesante de aplicar un bálsamo a cada una de las llagas que fatalmente gangrena a todas las sociedades humanas…”.[5]
Pero lo cierto es que el estado corrompió la asistencia social. Como vimos, antes del mal llamado “Estado de bienestar”, la sociedad civil no estaba desamparada. De lo que viene de verse se advierte que, en el siglo XIX, el país creció a tasas que nunca más pudo repetir en su historia. Ese momento de nuestra historia fue cuando mayor cantidad de pobladores recibió el Uruguay.
Esa vitalidad y ese buen ambiente para los negocios, trajo la revolución del lanar, que permitió entre 1858 y 1868, que la producción ovina aumentara espectacularmente. El stock de ovejas pasó de 800.000 en 1852 a más de 17 millones en 1862.
En esos tiempos, la iniciativa era privada. Fueron los privados quienes construyeron el teatro Solís, por ejemplo. La Sede actual de la Suprema Corte de Justicia, fue construida por un privado quien fue su propietario original, Don Francisco Piria. Es decir, la producción fue, es y será siempre anterior al Estado.
Hoy, la postal es drásticamente distinta. El motor que antes funcionaba a toda marcha, hoy brama bajo el peso de un socio mayoritario y parasitario, el propio Estado. Con una carga impositiva real que, entre impuestos directos, indirectos y el costo encubierto de tarifas públicas sobredimensionadas, devora casi el 50% de los ingresos del sector privado formal. Uruguay se ha transformado en una paradoja. El país que supo ser la vanguardia de la libertad económica regional padece hoy el síndrome del país caro, atrapado en un estancamiento crónico.
¿Qué fue lo que pasó? Abandonamos las buenas ideas.
En su obra “Camino de Servidumbre”, escrita en 1944, HAYEK, advirtió a los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos, que el socialismo, con su buenismo de justicia social y redistribución de la riqueza, inevitablemente lleva a la tiranía y a la pérdida de las libertades individuales. La planificación centralizada y el control estatal de la economía, necesarios para implementar el socialismo, terminan por ahogar la iniciativa privada y la espontaneidad del mercado, creando una sociedad donde el Estado lo controla todo. El otrora llamado mundo libre, hizo caso omiso a esta advertencia y lamentablemente, todavía seguimos pagando las consecuencias de ello. De aquellos polvos, estos lodos. Y lamentablemente Uruguay no fue la excepción.
En las calles de nuestro país, donde el mate y las noticias de Peñarol y Nacional se mezclan con discusiones sobre política, el fantasma del Estado omnipresente parece haberse instalado con una familiaridad inquietante.
Es que las ideas son el motor el mundo. Son las ideas dominantes en una sociedad, las que determinan la creación de marcos institucionales. Latinoamérica en general y Uruguay en particular, conviven con la idea de que el Estado benefactor es la respuesta a los problemas de la pobreza y el desempleo, pero lo cierto es que ese estado de “bienestar”, tan solo trae malestar en las personas. Cada vez que un político se presente hablando de justicia social y de ayudar a los más necesitados, le sugiero que meta las manos en sus bolsillos y ponga a buen resguardo sus haciendas, porque van a venir por usted. No existe tal cosa como la justicia social y tampoco existe tal cosa como el estado benefactor, el cual, no es otra cosa que un estado “malefactor”, puesto que se carga el esfuerzo de la gente, empobreciéndola cada vez más.
Desde fines del siglo XIX nuestro país comenzó a transitar el camino de servidumbre para intensificarlo definitivamente en el siglo XX. Producto de abrazar ideas equivocadas, empezamos a visualizar al Estado como un ángel guardián que vela por nosotros día y noche y que está en condiciones de pensar y decidir qué es lo mejor para nuestros proyectos de vida. Así pues, comenzamos a consumir capital irresponsablemente, teniendo como contrapartida una economía lánguida.
A principios del siglo XX, bajo la narrativa del «Estado escudo de los débiles», se sembró la semilla del Estado empresario. Fue el momento en que el árbitro, que antes se limitaba a hacer cumplir y respetar las reglas del juego, ahora quiso empezar a hacer los goles, estatizando servicios, creando monopolios y cambiando la cultura del riesgo por la cultura del empleo público.
Reflejo de ello es la creación del Banco República a fines del siglo XIX, el Banco de Seguros del Estado a principios del XX, en un proceso de crecimiento constante del estatismo que padecemos hasta nuestros días. La idea dominante de que un “banco” de seguros monopólico podía dar los mismos resultados que un banco, fue suficiente para que se empezaran a cerrar las puertas a la inversión extranjera. Ese humor social derivó en la Constitución del ´17 y la consagración en el texto constitucional de las mal llamadas empresas públicas, zanjando una discusión jurídica acerca de la constitucionalidad de las mismas. Así pues, la Constitución de 1917, en su artículo 100, consagró los “servicios que constituyen el dominio del Estado… serán administrados por Consejos autónomos”. Como afirma Ramón DIAZ, “las empresas públicas dejarían de ser del Estado, o sea propiedad de éste, para rigurosamente formar parte del Estado, el cual, aparte de integrarse con los poderes tradicionales, incluiría un `dominio industrial´”. Algo que se mantiene hasta hoy, en el actual artículo 185.
La mesa estaba servida. ¿Qué podía salir mal?
Después vinieron las supuestas conquistas laborales, los salarios mínimos, los consejos de salarios, el proteccionismo laboral, todo lo cual, ha generado una legislación y un sistema que está totalmente enemistado con la generación de empleo. Como directa consecuencia de estas políticas intervencionistas, el Uruguay tiene un problema estructural de desempleo que parece no tener solución, puesto que se sigue repitiendo la receta orientada en la mala dirección. Desde entonces y al presente, no paramos de repetirnos en el error, no conectando lo que se hace, con lo que pasa y los resultados están a la vista. No logramos advertir que, en una sociedad abierta, con un mercado laboral libre y flexible, no va a existir nunca tal cosa como el desempleo forzoso.
Hoy la población uruguaya padece las miserias del intervencionismo estatal, que impiden se libere el genio creador de cada uno en la búsqueda de sus proyectos de vida. El Estado uruguayo está presente en todas las esferas de la vida privada de la población, en educación (que opera como adoctrinamiento estatal), salud, trabajo, (con un sistema obscenamente deficitario como es el Fonasa), transportes, compras en el exterior, seguros, y un sinfín de etcéteras.
Hemos llegado al punto de tener una constitución mercantilista que establece que “El Estado orientará el comercio exterior de la República protegiendo las actividades productivas cuyo destino sea la exportación o que reemplacen bienes de importación. La ley promoverá las inversiones destinadas a este fin, y encauzará preferentemente con este destino el ahorro público…”. Es en definitiva la consagración de la idea cavernaria de “vivir con lo nuestro” que tanto daño ha causado a los países que la aplican.
A mediados de los sesenta del siglo pasado, Henry HAZLITT, advertía sobre los peligros del estatismo en el Uruguay. En el ensayo “Uruguay: Estado benevolente enloquecido”, decía el autor: “…Tal vez el ejemplo más dramático de un país innecesariamente arruinado por una economía paternalista es Uruguay. He aquí a un país solo una tercera parte más grande que el estado de Wisconsin en los Estados Unidos, y con una población de casi 3 millones. Sin embargo, esa población es de predominante origen europeo, con un grado de alfabetización que se estima en cerca de 90 por ciento. Este país, alguna vez, se distinguió entre las naciones de América Latina por su alto nivel de vida y buena administración. Lo que tanto desanima del ejemplo de Uruguay es, no sólo que sus programas paternalistas persistieron, sino que se extremaron, a pesar de los muchos desastres que produjeron. Esta historia parece tan increíble que, en lugar de decirlo con mis propias palabras, prefiero presentarlo como una serie de impresiones, tomadas por observadores que han presenciado el caso a través de los últimos años.”
Es de toda evidencia que el intervencionismo planificador que organiza la vida de millones de personas es una quimera y un imposible. La complejidad de la sociedad es tan vasta que ningún grupo de expertos, por más brillante que sea, puede anticipar todas las necesidades y deseos de las personas.
Y así estamos. Monopolios fundidos (AFE perdiendo millones de dólares al año, la división portland de ANCAP con pérdidas de 30 millones de dólares al año. Y la lista no es taxativa), subsidios por todos lados (desde la cerveza hasta ale boleto montevideano), empresas públicas (que son una contradicción en los términos, puesto que empresa es la que arriesga de su propio capital y soporta con éste las eventuales pérdidas que experimente, no pasándole la factura a tres millones de habitantes), 14 ministerios, sistema jubilatorio estatal quebrado y el Estado concebido como agencia de empleo, con más de 300.000 funcionarios directos, sin contar el ejército de ONGs y Asociaciones que convenian con el Estado, lo que hace el problema, aun mayor, y uno de cada tres niños pobres en 2025 según el INE. El gasto público no para de crecer. Es un error colosal sostener que el gasto público es sinónimo de prosperidad, muy por el contrario, empobrece a la gente, material y humanamente. Hoy el uruguayo es esclavo fiscal. Trabajamos la mitad del año para pagar impuestos. Como sostuvo el ya citado Juan Bautista ALBERDI, “dejamos de ser máquinas del fisco español para pasar a ser del fisco nacional, he ahí toda la diferencia”.
Pero la buena noticia es que, aunque parezca imposible, este problema tiene solución. Estamos a tiempo de sacudirnos del peso estatista para recuperar el dinamismo. La solución está en cada uno. No en todos, porque lo que es de todos termina siendo de nadie y de esa manera se diluye la responsabilidad. Hagámonos cargo. Cada uno es responsable de actuar en su metro cuadrado.
Tenemos que hacer los deberes. Tenemos y debemos hablar más claro. El verdadero «escudo de los débiles» nunca fue el peso asfixiante de la burocracia, sino la libertad incondicional para cooperar, emprender y crear valor sin pedir permiso. Si fuimos la California del Sud, si supimos construir un país con un peso fuerte, ferrocarriles privados y una red asociativa ejemplar nacida de la genuina solidaridad civil, es porque ese genio creador habita en nuestra identidad. Emprender está en la esencia misma del ser humano. No somos una sociedad genéticamente estatista; fuimos adoctrinados para serlo, lo que significa que también podemos despertar.
El Uruguay del mañana no se va a decretar en el Palacio Legislativo ni nacerá de una nueva reforma impulsada por políticos y burócratas. Nacerá el día en que los emprendedores pierdan el complejo de culpa por el éxito, el día en que el comerciante de bien, exija a los políticos y sus cómplices, que les saquen las dos manos de encima y el día en que la sociedad civil vuelva a confiar en sus propias fuerzas creativas por encima de la tutela de los políticos.
La batalla es cultural, y la buena noticia es que la mentira estatista ya es visible. Depende de nosotros romper el molde del país caro y volver a ser, una tierra prometida de libertad y prosperidad.
Dijo Don Quijote a Sancho: “Es la Libertad, uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida…”.
Que así sea.
[1] Bonilla, Hernán. “Ramón Díaz. Una biografía intelectual”. Primera Edición. 2022. Pág. 315.
[2] Vé. Revista Encuentros Latinoamericanos, segunda época. 2019. Vol. III, Nro. 2. 2019. “Tipógrafos y esfera pública en Montevideo. 1885-1902.
[3] Vide. Benegas Lynch-Krause. En defensa de los más necesitados. Unión Editorial. Págs. 53 y ss.
[4] Vé. Rallo, Juan. Una revolución liberal para España. Ed. DEUSTO. 2014.
[5] José Pedro Varela. Impresiones de viaje en Europa y América. Ediciones Santillana S.A. 2014. Pág. 139.
