Por Constante Mendiondo, Representante Nacional, Río Negro.
En el editorial pasado nos referimos a la Rendición de Cuentas y Balance de ejecución Presupuestal del ejercicio 2020. Para ubicarnos, es un trámite parlamentario que lleva 45 días en cada Cámara. En el caso de nuestra Cámara, la de Representantes, se integran las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y se divide el trabajo en etapas: 1) se recibe al equipo económico en primer término y luego los distintos incisos (Administración Central Organismos del 220 de la Constitución). Conjuntamente un día a la semana y a solicitud de las partes se reciben sindicatos, asociaciones, y organizaciones de la Sociedad Civil. Estas últimas fundamentalmente por subsidios y subvenciones .2) La Comisión integrada vota el articulado, la iniciativa del Poder Ejecutivo tiene 304, pero puede variar. Y luego pasa al Plenario de Cámara donde se define lo que luego pasa al Senado.
Esta es una descripción muy simplista de un proceso que lleva horas de intercambio, fundamentalmente entre los representantes del Poder Ejecutivo y la oposición. Nosotros somos la oposición, y en ese rol nuestro deber es estudiar, para lo que fundamentalmente hay muchos asesores, y preguntar y muchas veces repreguntar. Es el control parlamentario que en definitiva es nuestra mayor responsabilidad.
La semana pasada hicimos un editorial más detallado, con algún nivel de información relevante por lo que esa etapa ya la cumplimos. Ahora queremos ir a una mirada política que sobrevuele lo que significa para los uruguayos esta Rendición de Cuentas, dejando constancia que es posible que algo se modifique. Lo que será mínimo y no afectará lo medular de las políticas que impulsa el Gobierno de la coalición multicolor comandada por el herrerismo.
En los objetivos planteados por el oficialismo existe la vocación de generar empleo. Hay enunciados de estímulos para empleo juvenil y mayores de 45 años. También se posicionan en futuras inversiones. Pero como contra partida que deja expuesta la inconsistencia del proyecto: liquidan la industria sucro alcoholera dejando una cantidad importantísima de trabajadores sin su fuente laboral. Intentando entender los argumentos del Poder Ejecutivo diríamos que se provocaría una baja del combustible (1, 20 pesos por litro de gasoil), esto provocaría ampliar las zonas productivas como consecuencia del impacto de esta rebaja en la rentabilidad. y la consecuencia final sería que aquellos que quedaran sin trabajo sean reabsorbidos. Y no nos detenemos en el impacto ambiental que esta medida conlleva y las consecuencias en los tratados internacionales que nos obligan. En otro ítem se van a poner peajes automatizados y obviamente los trabajadores actuales serán sustituidos.
Estos pequeños ejemplos sirven para ejemplificar lo que nos separa al oficialismo de la oposición, para el Gobierno menor Estado y el mercado arbitrando los equilibrios y para nosotros (la oposición) un Estado presente que vea y provea porque en definitiva todos somos parte de un territorio y todos tenemos derecho a la subsistencia y a la dignidad del trabajo. El país que se basa en el mercado como principal generador de riquezas es el del gobierno, el país productivo y del trabajo con un Estado que establece reglas pero también actúa es el nuestro.
Veamos otros asuntos: entre los argumentos de la pérdida de unos 110 millones de dólares por parte de ANCAP en 2 meses, la Ministra de Economía lo plantea como un subsidio indirecto a la población. La realidad es que 60 millones de dólares fueron a aumentar las diferencias de los sectores de la producción que están en mejor situación económico-financiera. Los que también se beneficiarán de la rebaja del gasoil por la destrucción de trabajo en la industria sucro alcoholera.
Los proyectos políticos democráticos no deben ser prejuzgados ni descalificados. Nada de los buenos y los malos. Aún con las debilidades que seguramente tuvieron los 15 años de gobierno del Frente Amplio, nuestra preocupación prioritaria siempre estuvo en la gente y en su calidad de vida. Crecieron las remuneraciones y las pasividades. Se generaron 300 mil puestos de trabajo aunque en los últimos 4 años se perdieron 50 mil de ellos. A través del Sistema Nacional Integrado de Salud se dio cobertura a la casi totalidad de la población. Se bajaron a índices históricos la informalidad, la pobreza y la marginalidad. La población votó y eligió por un estrechísimo margen otro gobierno que impulsa un modelo diferente de país, con todas las consecuencias políticas, económicas y sociales que eso implica. Pero al votar también nos dio la responsabilidad para hacer todo lo posible por controlar y promover desde el parlamento, el interés general.
Con los actuales lineamientos económicos y de políticas públicas impulsadas por el actual gobierno estamos reafirmando lo que dijimos el año pasado cuando se marcó el rumbo: en Uruguay no habrá una mejora de los salarios, los números de la pobreza seguirán aumentando y la concentración de la riqueza será aún mayor de lo que ya es. El Estado, ese gran escudo de los pobres como sentenció Batlle y Ordoñez, es manejado por políticas que están en las antípodas de ese pensamiento: precisamente por el herrerismo, que desde siempre fue enemigo del batllismo.
-Tany Mendiondo-
