Sumario administrativo concluyó que existieron incumplimientos reiterados en la expedición de licencias de conducir en San Javier y motivó un pedido de destitución que fue rechazado por la Junta Departamental. El expediente, al que accedió El Rionegrense, revela además que durante el período investigado la emisión de libretas
aumentó cerca de un 200% y que gran parte de los trámites correspondían a personas de otros departamentos
e incluso de otras nacionalidades que viajaban exclusivamente a esa localidad para obtener la licencia.
Personas de otros departamentos y ciudadanos extranjeros llegaban a la localidad para obtener licencias de conducir. El sumario detectó ausencia de pruebas obligatorias, documentación incompleta y trámites sin controles reglamentarios. El Ejecutivo investigó y concluyó que existió una conducta intencional y reiterada y pidió la destitución del funcionario involucrado, pero la Junta Departamental no la aprobó.
Uno de los aspectos que surge de las actuaciones es que la mayoría de las licencias observadas correspondían a personas que no residían en San Javier, sino que, según los testimonios y la documentación incorporada al sumario, viajaban exclusivamente a esa localidad para gestionar la obtención de la licencia de conducir. El expediente señala además que una importante cantidad de esos solicitantes provenía del departamento de Paysandú y que varios eran ciudadanos de nacionalidad extranjera.
De acuerdo con el expediente, la oficina de San Javier registró un aumento cercano al 200% en la emisión de libretas de conducir. Entre las irregularidades aparecen formularios sin la firma del funcionario actuante, declaraciones juradas incompletas, ausencia de pruebas prácticas obligatorias, falta de constancia de las charlas exigidas para determinadas categorías y expedientes en los que tampoco figuraba la comparecencia del acompañante requerido por la normativa. Asimismo, se identificaron renovaciones de licencias de personas mayores de 75 años en las que, según la documentación analizada, no se habría realizado el examen práctico previsto por la reglamentación. Hay declaraciones de testigos que aseguran que varias personas llegaron únicamente para tomarse la fotografía de la licencia, sin haber cumplido previamente las etapas habituales del trámite. Según su declaración, el funcionario les decía: «Esperá que ya te saco la foto». Esa situación, de acuerdo con el expediente, se repitió en al menos tres oportunidades y en todos los casos figuraba el mismo acompañante.
Otra persona declaró durante la investigación que desde que comenzó a trabajar junto al funcionario observó situaciones en las que se expedían licencias sin que los contribuyentes realizaran examen teórico o práctico. También manifestó que, por desempeñar tareas administrativas, el funcionario no concurría a tomar las pruebas prácticas y que, en determinados casos, especialmente cuando se trataba de personas mayores y tampoco se efectuaban esas evaluaciones. Además se menciona la expedición de licencias sin que constara el inicio formal del trámite, la ausencia de documentación obligatoria en algunos expedientes, omisiones en los controles administrativos exigidos por la normativa y actuaciones en las que no fue posible verificar que se hubieran cumplido todas las etapas previstas antes de emitir la licencia. A partir de esto es que se concluyó que no se trató de errores administrativos aislados, sino de una conducta intencional y reiterada de apartamiento de los procedimientos legales, vulnerando el principio de legalidad que debe regir la actuación de la administración pública. Con base en esas conclusiones, es que el Ejecutivo Departamental promovió la destitución del funcionario. Sin embargo, la Junta Departamental no acompañó la solicitud. La votación finalizó empatada 15 a 15, debido a la ausencia del edil Juan Sardela, por lo que no se alcanzó la mayoría necesaria para aprobar la destitución.
En diálogo con El Rionegrense, el edil del Partido Nacional Matías Amorín explicó que el rechazo a la solicitud del Ejecutivo se basó en un análisis del expediente administrativo y de la normativa vigente, concluyendo que no existían fundamentos suficientes para autorizar la máxima sanción disciplinaria. Según Amorín, la Junta debía evaluar no solo la legalidad del procedimiento seguido por el Ejecutivo, sino también la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción propuesta, verificando el respeto de las garantías constitucionales y del debido proceso. El edil señaló que en el legajo del funcionario no figuraban antecedentes disciplinarios desfavorables, aspecto que, a su entender, también debía ser ponderado al momento de resolver la solicitud de destitución.
Respecto al procedimiento, indicó que uno de los elementos considerados por la mayoría fue el planteo realizado por el funcionario y su defensa en relación con la falta de acceso al informe final antes de que el Ejecutivo resolviera solicitar la destitución. A juicio de la mayoría, esa situación podía afectar el pleno ejercicio del derecho de defensa previsto en el artículo 66 de la Constitución. Asimismo, sostuvo que los trámites cuentan con controles y validaciones informáticas obligatorias y que, a criterio de la mayoría de la Comisión de Legislación, no quedó acreditada una conducta dolosa, un perjuicio económico para la Administración ni una actuación deliberadamente orientada a apartarse de los procedimientos legales, sino observaciones de carácter administrativo, documental y operativo que debían analizarse dentro del contexto en que ocurrieron. Por esos motivos, explicó que, aun admitiendo la eventual existencia de irregularidades administrativas, no alcanzaban la entidad suficiente para justificar la destitución.
Por su parte, la edila del Frente Amplio Karina Sánchez, en diálogo con El Rionegrense, sostuvo que el debate no debería centrarse únicamente en la actuación del funcionario investigado, sino también en las responsabilidades políticas de quienes dirigían el área de Tránsito durante la administración anterior. «Lo importante es hacer hincapié en los jerarcas que, como son cargos políticos, no se hacen cargo de estos desastres, porque este es el último en la cadena. Si esta persona cometió estas irregularidades, ¿qué hacían los directores? ¿Miraban para otro lado?», cuestionó. Para Sánchez, también corresponde preguntarse si durante ese período «primó la recaudación por encima de los controles necesarios para garantizar una expedición confiable de las licencias de conducir».
La edila recordó además que el entonces director de Tránsito, Nazario Pomi, fue citado a declarar durante la investigación administrativa, aunque no compareció por no integrar ya la plantilla de funcionarios de la Intendencia. A su entender, las presuntas irregularidades detectadas en la oficina de San Javier no pueden analizarse de forma aislada. «Hay que vincularlo también con lo que fue la gestión de Tránsito durante la administración Lafluf. Recordemos la fotomulta y las irregularidades que también se denunciaron en la oficina de Tránsito de Fray Bentos. Esto no está descolgado ni descontextualizado», afirmó.
Tras la sesión, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) expresó su satisfacción con la resolución y sostuvo que los hechos investigados no justificaban la destitución. El sindicato destacó que la decisión permitió preservar la fuente laboral de un funcionario con más de 20 años de servicio, sin antecedentes disciplinarios y con evaluaciones funcionales favorables.
El asesor jurídico del sindicato, Gonzalo Dotti, cuestionó además el desarrollo del sumario. Según sostuvo, durante el procedimiento se vulneró el derecho de defensa porque no se otorgó vista del informe final de la investigación, documento que, a su entender, debía contener las conclusiones, la acusación concreta y la sanción propuesta. Dotti afirmó que esa omisión impidió que el funcionario y su defensa conocieran con precisión los hechos atribuidos y pudieran ejercer una defensa efectiva.
El Ejecutivo por su parte sostiene que esas conclusiones no responden a una interpretación política, sino a un sumario instruido conforme al Estatuto del Funcionario, luego de varios meses de investigación, con producción de prueba documental y testimonial, análisis jurídico y pleno ejercicio del derecho de defensa. En ese marco, entiende que tenía la obligación institucional y ética de promover la destitución, ya que no hacerlo habría significado desconocer el resultado del propio procedimiento disciplinario previsto por la normativa para determinar responsabilidades cuando un funcionario incurre en incumplimientos graves.
De esta manera, el caso dejó expuestas tres visiones sobre un mismo expediente. Mientras la oposición entendió que las irregularidades constatadas no justificaban la máxima sanción disciplinaria, el Frente Amplio sostuvo que también corresponde analizar la responsabilidad política de quienes dirigían el área de Tránsito durante la administración anterior, y el Ejecutivo afirmó que las conclusiones del sumario lo obligaban a promover la destitución para preservar la legalidad, la transparencia y la confianza de la ciudadanía en la administración pública.
