“En vez de plantear las medidas a tomar para cumplir con la normativa se elevan los estándares para adaptarse a una situación de mayor contaminación”, dijo a Montevideo Portal el investigador ambientalista Víctor Bacchetta.
La comisión argentino-uruguaya que administra el río Uruguay redujo requisitos de calidad de las aguas, adaptándolos al nivel de contaminación existente, y rebajó sus propios objetivos, según un artículo publicado esta semana por el investigador ambientalista y periodista especializado en medio ambiente Víctor Bacchetta en Sudestada.
La Comisión Administradora del Río Uruguay emitió una resolución, que se encuentra disponible en su sitio web, donde da cuenta de que se elevaron los niveles admisibles de contaminación en el río Uruguay.
En diálogo con Montevideo Portal, Bacchetta, que es integrante de la asociación civil ambientalista Movimiento por un Uruguay Sustentable explicó que «en vez de plantear las medidas a tomar para cumplir con la normativa» se «elevan los estándares para adaptarse a una situación de mayor contaminación».
Bacchetta considera que «hay una postura política» y que «cuando te dicen que UPM no contamina no es que no contamine estrictamente, sino que está cumpliendo con los estándares de nivel de contaminación aceptable o admisible».
El activista comentó que cada tres años «la CARU debe definir los objetivos y estándares de calidad de las aguas, sedimentos y componentes biológicos del río Uruguay, así como los estándares mínimos de los efluentes y otros vertidos en el río».
«Estos estándares son reunidos en el Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay, publicado por la CARU», agregó el integrante de Movus.
El pasado 5 de diciembre la CARU comunicó, a través de la resolución N°28/19, que se modificaron varios capítulos del digesto vigente, en particular las directrices sobre Calidad de Aguas y Prevención de la Contaminación que integran el Libro Cuarto. El conocimiento de la decisión de la CARU llamó la atención tanto por los cambios realizados, como por las reacciones surgidas en diversos medios, «principalmente en Argentina», dice Bacchetta.
El dirigente ambiental comentó que «la tendencia general en el mundo es a disminuir los estándares y ser más exigente».
«Hay una situación muy particular, que es la jurisdicción que le dieron los gobiernos cuando se gestó la Caru», agregó.
La Caru fue creada el 26 de febrero de 1975 por el estatuto que estableció las obligaciones de Argentina y Uruguay por el Tratado de Límites del Río Uruguay, firmado el 7 de abril de 1961. Este estatuto fijó las funciones de la CARU en materia de navegación y obras, puertos, salvaguarda de la vida humana y aprovechamiento de las aguas, recursos del lecho y subsuelo.
Bacchetta dijo a Montevideo Portal que «si bien la sede de la Caru se encuentra en el lado uruguayo se le dio una condición llamada inmunidad juridicional. Es como si la Caru fuera otro pais».
Además, el activista señala que la Caru está «integrada por dos gobiernos, que saben a nivel de gobierno que pasa dentro. Pero la divulgación de sus actuaciones o documentos solo se puede hacer si las dos partes está de acuerdo dentro de la Caru, si no hay acuero no se puede divulgar nada publicamente».
«Entre 2010 y 2015 los gobiernos se acusaban uno al otro por la no divulgación de los informes del comité científico, lo que hizo pensar que ninguno de ellos quería hacerlo realmente», recordó Bacchetta.
«El cambio de gobierno en Argentina, luego de las elecciones nacionales de diciembre de 2015, posibilitó la superación del «impasse» en la Caru, pero no significó que se llegara a conocer toda la información sobre el estado del río», añadió.
¿Hay contaminación?
Bacchetta comentó que al disminuir las exigencias, se dirá que una actividad «no contamina» o que el grado de contaminación es «aceptable», cuando «en los hechos ha empeorado».
Por otro lado, el activista sostiene que «las exigencias en el digesto anunciada ahora por la Caru indican que se está buscando adaptar la norma a una realidad de deterioro creciente del río Uruguay».
Argentina consideró violaciones del digesto el cambio de temperatura, la carga de fósforo del efluente y otras transgresiones, como el uso un vertedero clandestino de efluentes.
En su informe publicado en el portal Sudestada el dirigente ambiental señala que la proporción de fósforo total (PT), un indicador clave de la eutrofización de las aguas, fue elevada de 25 microgramos por litro, máximo admisible en la norma uruguaya vigente fijada por el Decreto 253/79, a 100 microgramos por litro.
En ese sentido, explica que «el promedio del fósforo en el río Uruguay en los últimos cinco años ha sido de 96,4 microgramos por litro».
«En lugar de buscar mejorar la situación del río, la elevación del estándar se adapta simplemente a la realidad. Además, se viola la disposición del artículo 41 del estatuto de la Caru de no disminuir las exigencias técnicas».
Fuente: Montevideo.com